El Estado de Sitio en Guatemala es una normativa establecida mediante el decreto 7 que dicta la Ley de Orden Público. Se aplica en diferentes casos donde la seguridad y el orden público se ven fuertemente afectados.
¿Qué es el Estado de Sitio?
Este régimen de excepción es declarado por el Presidente de la República. Esto a su vez significa la limitación de ciertos derechos constitucionales, basados en el artículo 138 de la Constitución Política de la República.
Según se dicta en el capítulo V, de los artículos 16 al 22, de la Ley de Orden Público:
¿Cuándo se dicta?
El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de actividades
terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones
Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado.
Si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de
sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades
civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva.
Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse, serán considerados como constitutivos de guerra civil.
¿Quién tiene el control?
Durante el estado de sitio el Presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional.
Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están
obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la
esfera de su competencia.
Medidas del Estado de Sitio
En el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar y funciona de la siguiente manera:
- Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento, cualquier organización,
entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica. - Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, la detención o confinamiento:
- De toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ello.
- De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución.
- Repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a
las circunstancias, cualquier acción, individual o colectiva, que fuere contraria a las disposiciones,
acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad.
¿Sabías que?
- Durante cualquiera de los grados de emergencia, podrá detenerse sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, a toda persona contra quien hubieren indicios racionales de que actúa como autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público.
- La detención no podrá exceder de 24 horas después de haber cesado en sus efectos el Decreto de restricción de garantías de que se tratare.
- Las infracciones contra los reglamentos, acuerdos o medidas de observancia general no
tipificadas como delitos o no sancionadas se penarán con multas de Q 5.00 a Q 100.00. - Según el artículo 32, dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha en que haya cesado la vigencia del decreto de restricción de garantías, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y de las medidas tomadas durante la emergencia.
Referencia
- (2016). Ley de Orden Público. Recuperado el 13 de marzo de 2020, de bit.ly/LeyOrdenPublicoGT
